Piden a Juez no criminalizar a Bettina Cruz por defensa de derechos de pueblos

Oaxaca | pagina3.mx | Pedro MATÍAS | La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) pidió al Juez Sexto de Distrito, Anastasio Ochoa Pacheco, que el aparato de justicia no sea utilizado arbitraria e ilegítimamente como represalia o para criminalizar la labor de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez. En víspera de la sentencia contra Lucila Bettina Cruz Velázquez, sus integrantes exigieron sea emitida bajo un proceso justo, imparcial e independiente, ya que en autos obran suficientes pruebas para emitir una sentencia absolutoria. Reconocen que el proceso contra Cruz Velázquez fue activado por la Procuraduría General de la República (PGR) como una estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor, y ha sido evidente que dicho proceso judicial tuvo como único fin, limitar el hacer de la defensora y servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social. Es por ello que instaron al juez que el criterio para la emisión de la sentencia se rija bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, de protección y garantías para la defensora de derechos humanos. Recordaron que desde 2007, la defensora ha emprendido una larga lucha en defensa del territorio, luego de que las empresas multinacionales como Mareña Renovables, Gas Natural Fenosa, Demex (Renovalia Energy), Iberdrola, están estableciendo, desarrollando y operando centrales eólicas en tierras de uso común en el Istmo de Tehuantepec, todo ello sin la consulta previa, libre e informada a los ikjoots y binnizá, pueblos originarios del lugar. El 13 de abril de 2011, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) realizó una manifestación pacífica frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana, colonia Felipe Pescador, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Y el 22 de febrero de 2012 -luego de la manifestación- la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial, con base en una orden de aprehensión girada por un juez federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad. Fue recluida en el Reclusorio Regional de Tehuantepec, Oaxaca, México. Posteriormente, el 24 de febrero de 2012 la defensora fue puesta en libertad bajo fianza, desde ese entonces tiene que acudir a firmar al Ministerio Público los días 15 de cada mes, como parte de las obligaciones procesales. Es por ello que esta red, conformada por 168 defensoras de derechos humanos pertenecientes a 95 diversas organizaciones y ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal, solicitó al juez que la emisión de dicha sentencia se rija bajo los criterios de imparcialidad e independencia, y los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ello, a fin de evitar el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora y se garante de la presunción de inocencia, así como de garantizar el derecho a defender derechos humanos. Fuente:Página E3